Cuando el Estado arrojó muertos al mar
En Guerrero, México, durante los años setenta, la persecución contra disidentes, campesinos, militantes y presuntos integrantes de movimientos armados no se limitó a detenciones, interrogatorios o cárceles clandestinas. En algunos casos, la desaparición habría llegado a su forma más radical: no sólo quitarle la vida a una persona, sino borrar su cuerpo.
Los llamados vuelos de la muerte pertenecen a esa zona oscura de la Guerra Sucia mexicana. La práctica ha sido descrita por testimonios, investigaciones periodísticas, organizaciones civiles y resoluciones judiciales como un mecanismo de exterminio y desaparición: personas detenidas por fuerzas del Estado eran llevadas a instalaciones militares, ejecutadas y arrojadas al mar desde aeronaves, con el objetivo de impedir que sus restos fueran encontrados. Fundar recoge que una sentencia federal de 2024 ordenó investigar esta hipótesis dentro del caso Rosendo Radilla y citó testimonios de exmilitares sobre traslados a la Base Aérea Militar Número Siete, ejecuciones y lanzamientos al océano desde aviones.
El horror de este episodio no está únicamente en la muerte. Está en la administración de la ausencia. El detenido desaparece de la calle, de la comunidad, de los registros abiertos, de la posibilidad de duelo. Después, si la hipótesis de los vuelos se confirma en cada caso, también desaparece del territorio: el mar recibe lo que el Estado no quiere dejar como prueba.
La guerra interna
La Guerra Sucia en México no fue una guerra convencional entre dos ejércitos reconocidos. Fue una política de persecución estatal contra formas diversas de disidencia política y social, especialmente intensa en la región sureña. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero fue creada para investigar violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante ese periodo, y su mandato incluyó aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos sobre hechos probablemente constitutivos de delitos y delitos de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía guerrerense o personas en el territorio del estado.
Guerrero fue uno de los centros de esa violencia. Atoyac, la sierra, las comunidades campesinas y las zonas bajo vigilancia militar quedaron marcadas por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos del miedo. Las organizaciones civiles que han acompañado estos procesos señalan a Guerrero como laboratorio de la represión estatal contrainsurgente que después se extendió a otros estados del país.
No conviene contar este episodio como una simple lucha entre “el gobierno” y “la guerrilla”. Esa lectura reduce el problema y borra a las víctimas. La violencia alcanzó a personas señaladas, familiares, campesinos, simpatizantes reales o supuestos, comunidades enteras sometidas a vigilancia y a quienes quedaron atrapados en la lógica de sospecha. El informe Fue el Estado (1965-1990) del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documentó graves violaciones a derechos humanos durante ese periodo y presentó la violencia estatal como un fenómeno más amplio que la persecución de insurgentes armados.
Cómo operaba el terror
El terror no dependía sólo del momento de la captura. Dependía de una cadena. Primero, la detención: en retenes, casas, caminos, comunidades o mediante operativos. Luego, el traslado: muchas veces sin registro público, sin presentación ante autoridad judicial y sin información para la familia. Después, el interrogatorio y la violencia clandestina. Finalmente, en los casos vinculados con los vuelos de la muerte, la eliminación del cuerpo.
La investigación sobre la llamada Lista Apresa volvió a colocar esa cadena en el centro. El documento, localizado en archivos del Comité Eureka y dado a conocer por A dónde van los desaparecidos, contiene 183 nombres de personas detenidas entre 1972 y 1974 cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco. La propia investigación advierte que la información debe verificarse con cautela, aunque expertos consultados consideraron creíble el documento y hallaron coincidencias con registros de la época.
La lista no es sólo un número. Según esa investigación, las hojas mecanografiadas registran 24 “viajes” y un “viaje especial” en 1974; también incluyen nombres, seudónimos, lugares y fechas de captura, así como corporaciones o unidades presuntamente responsables de las detenciones. Entre esas corporaciones aparecen la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial de Guerrero, la 27 Zona Militar, la Policía Militar y el Batallón de Fusileros Paracaidistas, de acuerdo con el reporte periodístico.
La mecánica descrita por las fuentes es escalofriante por su frialdad. No se trataba sólo de matar. Se trataba de impedir el hallazgo, cortar el duelo, negar la prueba y convertir a la familia en una buscadora perpetua. El mar no aparece aquí como paisaje, sino como herramienta de desaparición.
Pie de la Cuesta
El nombre de Pie de la Cuesta, en Acapulco, ocupa un lugar central en las investigaciones sobre los vuelos de la muerte. Las fuentes civiles y periodísticas lo señalan como punto de salida de aeronaves vinculadas con estas operaciones durante la Guerra Sucia. La investigación de la Lista Apresa ubica ahí los vuelos relacionados con las 183 posibles víctimas de 1972 a 1974.
También organizaciones como Artículo 19, Fundar y el Centro Prodh han pedido que las autoridades esclarezcan la práctica y entreguen la totalidad de documentos relacionados con los vuelos. En 2024, estas organizaciones señalaron que la lista difundida tenía elementos de verosimilitud y que al menos 160 de los nombres incluidos aparecían registrados como personas desaparecidas en informes de la Femospp, Comverdad, CNDH, Archivos de la Represión o el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Esa precisión importa. No se puede afirmar, sin proceso judicial completo, que cada nombre de la lista corresponde de manera definitiva a una víctima arrojada al mar. Pero tampoco puede tratarse el documento como un rumor cualquiera. Su fuerza está en las coincidencias, en el cruce con otros registros y en la necesidad de abrir una línea de investigación que durante décadas fue negada o reducida al silencio.
El mar como fosa
La desaparición forzada tiene una lógica doble. Por un lado, castiga a la víctima. Por otro, castiga a quienes la buscan. La familia no recibe cuerpo, acta confiable, tumba ni certeza. Queda suspendida en un presente que no termina: el desaparecido no está vivo en casa, pero tampoco está muerto de manera reconocida.
Los vuelos de la muerte llevaron esa lógica a una forma extrema. Si un cuerpo es enterrado clandestinamente, todavía existe un lugar posible de búsqueda. Si es arrojado al mar, la búsqueda se vuelve casi imposible. El océano borra huellas, dispersa restos, destruye escenas, vuelve inviable la comprobación física. Por eso Fundar describe esta práctica como una forma de borrar todo rastro o huella que pudiera delatar la participación del Estado en la desaparición.
En términos simbólicos, el mar fue usado como una fosa sin nombre. No una fosa excavada en la tierra, sino una inmensidad diseñada para no devolver. El cuerpo desaparece, pero la violencia no. La violencia queda en la madre que busca, en el hijo que hereda la pregunta, en el expediente que no se abre, en el archivo que aparece incompleto.
Los documentos que regresan
Durante décadas, una parte del horror permaneció en testimonios, denuncias de familiares, archivos fragmentarios y expedientes de difícil acceso. El trabajo de organizaciones civiles, periodistas, colectivos de víctimas y comisiones de verdad ha ido recuperando piezas de ese rompecabezas.
La Comisión de la Verdad de Guerrero presentó su informe final en 2014 y después, con acompañamiento de Artículo 19, se impulsó una plataforma digital que puso a disposición pública el informe, anexos y documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación. Artículo 19 señala que desde 2018 el sitio Archivos de la Represión puso a consulta más de 310 mil documentos obtenidos de la investigación documental de la Comverdad en el AGN.
La Lista Apresa abrió otra línea. No porque cierre el caso, sino porque ordena nombres, fechas, capturas y posibles vuelos. Organizaciones civiles señalaron que el documento debe ser investigado por autoridades y que la Sedena ha negado en múltiples ocasiones la existencia de listas completas relacionadas con los vuelos.
En una historia así, el documento se vuelve una forma de aparición. Lo que el aparato clandestino intentó borrar regresa como papel: una carta, una lista, una fecha, un alias, un nombre repetido por familiares durante cincuenta años.
Entre documento y silencio
La Guerra Sucia mexicana sigue rodeada por zonas de opacidad. Hay informes, archivos, testimonios, investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales; también hay negativas, documentos incompletos, cadenas de mando difíciles de reconstruir y una justicia que avanza con enorme lentitud.
Por eso esta historia debe narrarse con dos cuidados al mismo tiempo. El primero: no suavizar lo que ya está documentado como violencia estatal, desaparición forzada y graves violaciones a derechos humanos. El segundo: no convertir cada dato pendiente en certeza absoluta. La Lista Apresa, por ejemplo, contiene información de enorme relevancia, pero sus propias fuentes piden investigación exhaustiva y verificación institucional.
Esa cautela no disminuye el horror. Lo vuelve más serio. Porque lo que ya puede sostenerse basta para entender la dimensión del mal: personas detenidas por fuerzas estatales, familias sin verdad, testimonios sobre ejecuciones y cuerpos arrojados al mar, archivos que aparecen tarde y autoridades obligadas a investigar lo que durante años fue negado.
La herida
Los vuelos de la muerte no pertenecen únicamente al pasado. Pertenecen a las familias que aún buscan. A las madres que murieron sin saber. A los hijos que crecieron con un retrato en lugar de una tumba. A los expedientes que siguen reclamando nombres, responsables y verdad.
En Historia del mal, este episodio no se trata como una curiosidad macabra. Su potencia está en otra parte: en mostrar que el horror puede tomar forma administrativa, militar y burocrática. Que una desaparición puede requerir órdenes, instalaciones, pilotos, archivos, silencios y años de negación.
Ahí está la oscuridad central de los vuelos de la muerte en México: no en el impulso brutal de un asesino aislado, sino en una maquinaria capaz de convertir el cuerpo humano en carga, el mar en expediente cerrado y la ausencia en política de Estado.
Fuentes de referencia
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Informe Final de Actividades y anexos.
Es una fuente central para reconstruir el contexto de la Guerra Sucia en Guerrero, las graves violaciones a derechos humanos y el esfuerzo institucional por documentar detenciones, desapariciones, responsables y patrones de represión. Artículo 19 explica que la Comverdad tuvo el mandato de aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos sobre hechos probablemente constitutivos de delitos y delitos de lesa humanidad en Guerrero.
Artículo 19, “Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad de Guerrero y sus tres documentos anexos”.
Sirve para ubicar el proceso de publicación y recuperación documental de la Comverdad, así como la apertura de archivos relacionados con la represión. Es útil porque documenta que la plataforma Archivos de la Represión puso a consulta más de 310 mil documentos obtenidos de la investigación documental en el Archivo General de la Nación.
A dónde van los desaparecidos / Marcela Turati, “Se descubre lista con 183 nombres de posibles víctimas de ‘vuelos de la muerte’”.
Es la fuente periodística clave sobre la llamada Lista Apresa. Aporta los datos principales del documento: 183 nombres, detenciones entre 1972 y 1974, posibles vuelos desde Pie de la Cuesta, hojas mecanografiadas con “viajes” y advertencia explícita de que la información requiere verificación.
Artículo 19, Centro Prodh y Fundar, comunicado sobre el hallazgo de posibles víctimas de vuelos de la muerte.
Es útil porque no sólo reproduce el hallazgo periodístico, sino que lo valora desde organizaciones con trayectoria en derechos humanos. Señala elementos de verosimilitud, cruces con registros de personas desaparecidas y la necesidad de que el Estado investigue y entregue documentos relacionados con los vuelos.
Fundar, “Vuelos de la muerte: una herida abierta desde hace 50 años”.
Sirve para explicar la relevancia actual del caso, la presentación de la Lista Apresa ante familiares en Guerrero y la obligación estatal de investigar. También recoge que una sentencia federal de 2024 retomó testimonios de exmilitares sobre traslados a la Base Aérea Militar Número Siete, ejecuciones y cuerpos arrojados al océano desde aeronaves.
Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, informe Fue el Estado (1965-1990).
Aporta el marco nacional de la violencia política estatal entre 1965 y 1990. Es importante porque permite entender los vuelos de la muerte no como un episodio aislado, sino dentro de un patrón más amplio de represión, desaparición forzada y graves violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones del Estado mexicano